Quienes siguen con atención la licitación de la Recogida de Residuos Sólidos (RSU) y la Limpieza Viaria (LV) vienen observando como integrantes del gobierno municipal han venido mostrando su preferencia por Urbaser, hecho que ha denunciado Izquierda Unida Mijas señalando la contraprestación del enchufismo.

Haciendo historia, tenemos que remontarnos al verano de 2019, cuando la plantilla de Urbaser (empresa que prestaba el servicio público de RSU y LV en Mijas), harta de promesas incumplidas y con unos salarios congelados años tras año, fue a la huelga con la exigencia de la negociación del convenio colectivo cuya vigencia estaba extinta desde el 31 de diciembre de 2017.

De la huelga se obtuvo el compromiso, por parte del gobierno municipal, de promover la resolución del contrato de RSU para volver a licitarlo.

Las razones que esgrimió el Ayuntamiento eran la incorporación de tareas y actuaciones que no contemplaba el vigente contrato y que los servicios públicos de RSU y LV se licitarían conjuntamente.

La razón que mencionaron quienes fueron artífices de la huelga fue que permitiría incluir las mejoras sociales que la representación laboral negociara con la empresa, siempre subordinando su aplicación a la entrada en vigor de la adjudicación del nuevo contrato.

Todo hacía prevé que los procedimientos administrativos se solventarían en meses para que en menos de un año estuviera adjudicada la RSU y LV y, por ende, entrara en vigor el nuevo convenio colectivo de la plantilla laboral.

Entre las mejoras que contempla este se encuentran: una plantilla exclusiva para fines de semana y festivos en jornada parcial, jornada laboral de 35 horas de lunes a viernes e incremento anual del IPC.

Demora del acuerdo y dilatación de la licitación.

Un acuerdo que estaba ultimado a principios de 2020 prácticamente, a falta de que el Ayuntamiento de Mijas consumara la rescisión del contrato con URBASER, incomprensiblemente se dilata hasta 2021; concretamente, la publicación del convenio colectivo en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza el 4 de mayo de 2021.

Más inaudito resulta la dilatación de la licitación, pasando su tramitación por vicisitudes que dejan en mal lugar al gobierno municipal por no contar para la redacción de las prescripciones técnicas con personal municipal capacitado, incluso entregar de segundas la documentación a otro técnico carente de la formación y experiencia adecuada en esa materia.

Sin embargo, otras voces, dicen que la pugna entre URBASER, la última concesionaria y con las simpatías socialistas, y FERROVIAL, situada en la órbita de Ciudadanos Mijas, supuso un inconveniente añadido, que se resolvió con la UTE (Unión Temporal de Empresas) CESPA-UBASER (CESPA compañía de servicios perteneciente a FERROVIAL) que ha concurrido a la licitación. Este hecho, expresan, desencajó la dilatación que arrastraba el concurso público y satisfizo al gobierno municipal de coalición PSOE-Ciudadanos.

Sorprendentemente, tras esa disputa, las prescripciones técnicas se concluyen en un tiempo récord y la licitación consiguió publicarse a los pocos meses de asumir la responsabilidad el segundo técnico municipal a pesar de sus carencias profesionales, dando la impresión de que hubieran sido suscritas precipitadamente.

Tras este impasse y una vez transcurrido el periodo de presentación de ofertas, hemos podido asistir a un enfrentamiento soterrado entre la Mesa de Contratación y quienes en el gobierno municipal han venido siendo beligerantes con el cambio de empresa en la contrata de los servicios de RSU y LV.

De un lado, la responsabilidad de los funcionarios integrantes de la Mesa de Contratación ha hecho posible que una empresa externa realizara una valoración de las ofertas presentadas, decisión no baladí al saberse lo que supondría dejar solo en manos del técnico municipal que suscribió las prescripciones técnicas el análisis y la emisión del dictamen de las ofertas presentadas. Y no ha tenido que ser descabellada esa decisión cuando la empresa externa ha dado por mejor oferta a la presentada por la UTE FCC-FCC EQUAL (FCC EQUAL es Centro Especial de Empleo -CEE-) y el técnico municipal ha dado por mejor oferta a la presentada por la UTE CESPA-URBASER.

De otro lado, el atrevimiento de la concejala del área, Laura Moreno del PSOE, a la hora de inmiscuirse en las deliberaciones de la Mesa de Contratación y tomar partido, posicionándose con el técnico municipal que avala el statu quo y al que le ha subido el salario en miles de euros anuales.

Finalmente, se está a la espera de la resolución del concurso una vez abierta la totalidad de los sobres de las ofertas presentadas por ambas UTE.

Denuncias de enchufismo, siendo un supuesto motivo del retraso en la licitación.

La denuncia de enchufismo en las empresas que están con concesiones privatizadas de servicios públicos municipales sería la tercera causa que habría motivado la dilatación del concurso de la RSU y LV, junto a la asignación de las prescripciones técnicas a un técnico municipal inexperto y a la pugna en el gobierno municipal que hemos detallado anteriormente.

El enchufismo, una práctica muy común en la administración local y una de las caras de la corrupción que atenta directamente contra los derechos ciudadanos al impedir el acceso en igualdad de condiciones de cualquier persona a un puesto de trabajo en la administración, se ha venido consumando durante el periodo de prórroga del contrato del servicio de RSU y LP, desde 2020 a 2022, hecho denunciado por Izquierda Unida Mijas en varias ocasiones.

Lo que era una práctica rutinaria en la contratación laboral en el Ayuntamiento de Mijas se ha trasladado a los servicios públicos privatizados. Por lo que, de aquellos polvos resulta que se tienen estos lodos en la plantilla municipal, que resaltan más cuanto mayor es la responsabilidad del puesto de trabajo en el que se ha enchufado a alguien. Sin ir más lejos, lo observamos en la licitación de la RSU y LV cuando el encargo del trabajo se hace a un técnico municipal que entró de la mano de Agustín Moreno, exalcalde del PSOE, y que tras lo infructuoso que resultó culminarlo tuvo que ser reemplazado por otro técnico municipal, que para más inri su capacitación ha sido cuestionada por la Mesa de Contratación cuando adoptó la decisión de contratar una empresa externa para que emitiera dictamen sobre las ofertas presentadas.

Mientras tanto, hay quien relaciona ese encargo profesional al segundo técnico municipal con la subida salarial de miles de euros que se le ha dado recientemente.

No se debe olvidar que, aunque el servicio público de RSU y LV del municipio están encomendados a una empresa mediante su privatización, no deja de ser un servicio público y que, por ende, hay quien defiende que los procesos de acceso a un puesto de trabajo se han de realizar teniendo presente los preceptos constitucionales de Publicidad, Igualdad, Méritos y Capacidad.

Sobre esta cuestión, cabe destacar que en Mijas el PSOE cuando ha estado en la oposición ha venido pronunciándose a favor de que la contratación municipal incluya clausulas sociales. Sin ir más lejos, en la moción que presentó al Pleno en la sesión del 30 de mayo de 2016, en su exposición de motivos vino a decir: “En este sentido incorporar en contratos públicos criterios sociales relacionados con la inserción sociolaboral de personas en riesgo de inclusión social y/o con movilidad reducida, promover la calidad en el empleo, la igualdad de oportunidades, facilitar la seguridad y salud laboral…”.

La moción se aprobó por unanimidad, y el concejal de contratación de hoy en día, Roy Pérez del PSOE, se obstina en evitar la inclusión de esas clausulas sociales que él defendió en el Pleno vehementemente.

Igualdad en el marco de la justicia social.

Resulta paradójico, pero se ha “normalizado” en política: decir una cosa hacer la contraria.

Que el PSOE lleve gobernando Mijas desde ese mismo 2016 pero no haya tenido a bien acomodar esos principios de su moción en las prescripciones administrativas de los servicios que privatiza es institucionalizar en el Ayuntamiento de Mijas esa “normalidad” que permite y ampara el enchufismo, que no deja de ser corrupción.

Así nos encontramos, entre otros, los servicios de RSU, LP, Parques y Jardines, Deportes, Control de Acceso a Colegios, Ayuda a Domicilio, Escuelas Infantiles y Limpieza de Colegios en los que quienes trabajan en ellos han ido incorporándose de la mano de… y estamos hablando de cientos de puestos de trabajos de servicios públicos que se pagan con los impuestos de la ciudadanía residente en Mijas, la cual también tiene derecho de poder acceder a un puesto de trabajo para toda una vida, que podría ser una realidad si los servicios públicos estuvieran gestionados de forma directa por el Ayuntamiento de Mijas y el acceso atendiera los principios constitucionales mencionados.

Pero no, quien actúa así no cree en la igualdad de oportunidades ni en la discriminación positiva, solo es postureo populista.

Por Costanews