Izquierda Unida Mijas ha formalizado alegaciones a los Presupuestos Municipales de 2026 al considerar que las cuentas ignoran por completo la emergencia habitacional que vive el municipio y destinan ingresos procedentes de la venta de suelo público a fines que podrían vulnerar la legislación estatal y autonómica. La formación acompaña sus alegaciones de un informe técnico y jurídico que propone una modificación presupuestaria concreta para iniciar la promoción de vivienda pública en suelo municipal.
La aprobación inicial de los Presupuestos Municipales de Mijas para 2026 ha abierto un nuevo frente político y social en el municipio. El análisis detallado de las cuentas públicas, elaborado por Izquierda Unida Mijas, concluye que la vivienda no figura en ningún apartado presupuestario como política pública, pese a tratarse de uno de los principales problemas sociales de la localidad y del conjunto de la Costa del Sol. Según el informe, no existe dotación alguna para promoción de vivienda protegida, alquiler asequible, rehabilitación del parque residencial ni medidas de intervención pública en el mercado inmobiliario.
El dato resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que el presupuesto de 2026 se presenta como expansivo. El capítulo de inversiones reales crece un 60,56 %, pero ese incremento se concentra casi exclusivamente en infraestructuras viarias, aparcamientos y obras urbanas, sin que se destine un solo euro a garantizar el acceso a una vivienda digna. Para IU, esta ausencia no puede interpretarse como un olvido técnico, sino como una decisión política consciente que define un modelo de municipio. En este sentido, desde la formación señalan que “un presupuesto no es un documento neutro: es un mapa de prioridades, y en el de 2026 la vivienda simplemente no existe”.
La falta de políticas de vivienda se produce en un contexto de emergencia habitacional que afecta con especial intensidad a los municipios costeros andaluces. Los estudios regionales sobre accesibilidad residencial, aunque no específicos de Mijas, describen una situación marcada por el encarecimiento sostenido de los precios, la presión del mercado turístico, la proliferación de viviendas destinadas a inversión y segunda residencia, y la expulsión progresiva de población residente. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias trabajadoras con ingresos medios y bajos, hogares monoparentales, personas mayores y mujeres que sostienen solas a sus familias aparecen de forma reiterada como los colectivos más perjudicados.
La inexistencia de una política municipal de vivienda tiene consecuencias directas sobre la cohesión social y el futuro demográfico del municipio
En este contexto, la inexistencia de una política municipal de vivienda tiene consecuencias directas sobre la cohesión social y el futuro demográfico del municipio. La ausencia de alternativas públicas deja a amplias capas de la población a merced de un mercado que prioriza la rentabilidad económica frente al derecho constitucional a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española.
Uno de los elementos que más controversia ha generado es el tratamiento presupuestario del patrimonio municipal de suelo. El Presupuesto de 2026 prevé ingresar más de seis millones de euros mediante la venta de terrenos municipales. Sin embargo, según denuncia Izquierda Unida, el destino previsto para esos ingresos no guarda relación con la promoción de vivienda pública, sino con la financiación de otras infraestructuras municipales. Esta decisión, advierte la formación, no es solo discutible desde el punto de vista social, sino también jurídico.
Desviar los ingresos del suelo público hacia fines ajenos a la vivienda supone vaciar de contenido su función social y podría constituir una desviación de finalidad contraria a la ley
La legislación estatal y autonómica establece con claridad la finalidad del patrimonio público de suelo. El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, determina que los ingresos obtenidos por la enajenación de suelo público deben destinarse obligatoriamente a la construcción de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública o a otros fines de interés social directamente vinculados. En Andalucía, esta obligación se refuerza mediante la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la reciente Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía, que fijan como objetivo prioritario del patrimonio municipal de suelo garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible. A juicio de IU Mijas, desviar esos ingresos hacia actuaciones ajenas a la vivienda supone vaciar de contenido la función social del suelo público y podría constituir una desviación de finalidad contraria a la normativa vigente. En palabras de su secretario de Organización, “vender suelo público para hacer aparcamientos mientras no se construye ni una sola vivienda pública es una irresponsabilidad social y presume una vulneración legal”.
Esta interpretación jurídica es uno de los ejes centrales de las alegaciones registradas formalmente en el Ayuntamiento el pasado 14 de enero, dentro del plazo legal de exposición pública del presupuesto.
Frente a la crítica, la formación ha presentado una propuesta concreta. Junto al escrito de alegaciones, IU ha adjuntado un informe técnico, jurídico y económico que justifica la incorporación de una partida presupuestaria específica de 1.750.000 euros destinada a la redacción del proyecto básico y de ejecución y al estudio geotécnico necesarios para una promoción inicial de 500 viviendas públicas en suelo de titularidad municipal. El documento detalla el encaje presupuestario de la partida, su clasificación contable y su financiación mediante ingresos procedentes de la venta de patrimonio municipal de suelo, cumpliendo estrictamente la finalidad legal asignada a dichos recursos.
Según el informe, la propuesta es viable desde el punto de vista económico, se ajusta a la normativa presupuestaria y urbanística, y permitiría sentar las bases técnicas para una política municipal de vivienda pública que hasta ahora no existe en Mijas. La iniciativa no plantea la construcción inmediata de las viviendas, sino el paso imprescindible previo: disponer de los proyectos técnicos que permitan concurrir a programas autonómicos, estatales o europeos de financiación de vivienda protegida.
La presentación de las alegaciones abre ahora un periodo de respuesta por parte del equipo de gobierno municipal. El Ayuntamiento deberá pronunciarse sobre el fondo de las mismas y decidir si introduce modificaciones en el presupuesto definitivo o mantiene el texto inicial. Mientras tanto, el debate sobre la vivienda ha salido del ámbito estrictamente político para instalarse en el centro de la discusión pública local.
Colectivos sociales, asociaciones vecinales y plataformas ciudadanas han venido alertando en los últimos años de la dificultad creciente para vivir en Mijas, especialmente para quienes dependen de salarios locales y no de rentas vinculadas al turismo o a la inversión inmobiliaria. En este sentido, la polémica presupuestaria pone de relieve una cuestión de mayor alcance: qué modelo de municipio se está construyendo y a quién van dirigidas las políticas públicas.
Desde una perspectiva de bienestar social, el caso de Mijas ilustra una tensión presente en muchos municipios costeros: presupuestos expansivos y crecimiento económico que no se traducen en mejoras en el acceso a derechos básicos. La vivienda, como política estructural, queda relegada frente a inversiones visibles pero socialmente menos transformadoras.
El resultado de las alegaciones y la respuesta del Ayuntamiento marcarán un precedente relevante. No solo determinarán si Mijas incorpora o no una primera partida para vivienda pública en 2026, sino también si el patrimonio municipal de suelo se gestiona conforme a su función social o como un mero recurso financiero desvinculado del derecho a la vivienda. En un contexto de emergencia habitacional reconocida por numerosos estudios y organismos, la decisión tendrá implicaciones que van mucho más allá de un ejercicio presupuestario.